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¿Quiénes asesoran al presidente Vizcarra?, por Juan Paredes Castro

Ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio y ponerle colores políticos a la anticorrupción, bajo una densa nube de aplausos, solo puede nublar su visión de gobernante y estadista.

Martín Vizcarra

"Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina", señaló Vizcarra. (Foto: Andina)

El presidente Martín Vizcarra reemplazó al renunciante Kuczynski con la modesta valla de hacer un gobierno lo más aceptable posible hacia el 2021.

En poco tiempo, para sorpresa de todos, acabó trepado sobre dos metas de su propia iniciativa, que ahora necesitan más de una estrategia inteligente que de una recia voluntad política.

En efecto, Vizcarra se propuso liderar una cruzada anticorrupción sujeta, sin duda, a resultados. De solo discursos monotemáticos y confrontacionales no sobrevive un gobierno democrático. Se propuso también impulsar reformas demasiado postergadas que el fujimorismo perdió la oportunidad histórica de hacer.

Para hablar de quienes rodean cercanamente al presidente en este crucial trayecto, asesorar propósitos, iniciativas e impulsos no es lo mismo que asesorar estrategias, acciones y resultados.

He aquí el punto de suspenso, a mitad del río. Vizcarra debe buscar la otra orilla con nueva y mejor asesoría, o sencillamente no podrá alcanzarla. Lo peor sería una catastrófica marcha atrás.

Estamos, pues, ante un par de metas presidenciales de gran calado político a las que el mandatario debe añadir tiempo y energías para también gobernar el país en otros campos críticos obvios.

Mientras el propio Vizcarra no sepa claramente qué anticorrupción debe liderar y con qué estrategia, el 2019, asociando a esta cruzada, podría resultar un año perdido.

Y mientras él mismo no sepa claramente qué reformas políticas sólidas desea impulsar, desde la pobre asesoría jurídica ministerial que lo hizo agitar hace poco un proyecto de ley que pretendía declarar en emergencia el Ministerio Público, el riesgo de ocasionarle un grave daño a nuestra estructura constitucional e institucional es muy grande.

Ver la paja en ojo ajeno (opositores y adversarios) y no la viga en el propio (actual administración estatal), y ponerle colores políticos a la anticorrupción, bajo una densa nube de aplausos, solo puede nublar su visión de gobernante y estadista.

Atreverse además al manoseo de otros poderes constitucionales en situaciones en las que él tampoco permitiría que hagan lo mismo con el suyo solo puede abrirle un horizonte autoritario.¿Es la corrupción de Lava Jato (sobornos de Odebrecht) el objetivo central del gobierno? Si es así, no deberíamos desconocer su estrategia mínima y máxima.

Comprendemos que la estrategia de la fiscalía tiene sus reservas por la colaboración eficaz que hará que obtengamos “confesiones valiosas” (esperamos no sesgadas) a cambio de que Odebrecht retome sus operaciones en el Perú.

No se trata de canjear condiciones A, B y C por cualquier colaboración eficaz que luego no se pueda probar. Es latente el peligro de que podríamos terminar el 2021 con un festín de prisiones preventivas y sin juicios ni sentencias por Lava Jato. Y con la vuelta, por supuesto, al panorama cíclico de nuestra historia: el orondo paseo de la impunidad vestida de blanco y con tacones rojos.

Si el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, va a seguir siendo la nodriza jurídica del presidente Vizcarra, de nada le servirá al notable Fernando Tuesta gastar neuronas en reformas que se estrellarán en la adulonería al poder y nada más.

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