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Editorial: La educación democrática

El Gobierno y el Congreso ya deberían estar conscientes de que sus pugnas solo terminan perjudicando al país.

Editorial

Martín Vizcarra

Martín Vizcarra decidió presentarse en el Congreso junto a sus ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Ayer, el presidente Martín Vizcarra apareció sorpresivamente en el Congreso acompañando a su primer ministro, Salvador del Solar, y al titular de la cartera de Justicia, Vicente Zeballos, quienes estaban invitados a una sesión de la Comisión de Constitución para revisar las propuestas en torno a la reforma política. Los ministros, sin embargo, solo llegaron hasta el Palacio Legislativo para anunciar que no participarían de la sesión “como expresión de protesta” porque el grupo de trabajo en cuestión había archivado hace unos días el proyecto del Ejecutivo para realizar modificaciones a la inmunidad parlamentaria.

“Todos en el país queremos una mejora de nuestras instituciones. La reforma política es un paso para lograr esa mejora y, sin embargo, no vemos una actitud [en el Congreso] que vaya tendiente a ese objetivo”, afirmó el propio Vizcarra desde el Parlamento. Un argumento en el que insistió horas después en un evento en Tumbes.

Es claro que este Congreso ha exhibido una escasa vocación reformista y ha avanzado con pies de plomo cuando le ha tocado revisar las iniciativas del Ejecutivo. Pero tan cierto como ello es que la arquitectura de nuestro orden constitucional le confiere tanto al Gobierno como al Parlamento la posibilidad de proponer reformas y la libertad de criticar las propuestas del otro; y en última instancia, de desaprobarlas si así las considera inconvenientes. Para esto, precisamente, el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de observar las normas que aprueba el pleno y, al mismo tiempo, este dispone de la facultad de modificar o dejar de lado los planteamientos de aquel.

Una lección, a decir verdad, bastante elemental de cómo funciona nuestro sistema democrático pero que, por lo visto, no está de más recordar en estos días.

Así, pues, resulta difícil entender la obcecación del Ejecutivo por presionar al Congreso para que apruebe sus iniciativas tal y como las presenta, como si el Legislativo fuese una mesa de partes, con derechos solo nominales para transformar lo que llega a sus manos. Un comportamiento que podría sintetizarse con la expresión: ‘Si no me das lo que quiero, me levanto de la mesa’.

Los congresistas, no obstante, tampoco deberían a su turno limitarse a archivar los planteamientos del Ejecutivo sin mostrar primero cuáles son sus propuestas alternativas de reforma. De lo contrario, proyectan ante la ciudadanía la imagen de que actúan guiados por una ciega determinación de anular lo que venga del Ejecutivo sin proponer nada a cambio.

Sin perjuicio de lo anterior, este caso en específico deja el sabor de que el presidente Vizcarra está tratando de atizar, una vez más, la confrontación con el Congreso, quizá como una respuesta a la caída de popularidad que viene registrando en las encuestas durante los últimos meses. La inmunidad parlamentaria y su mal uso es, después de todo, una de las materias que más irrita a la ciudadanía a propósito de los representantes del Poder Legislativo. Un tipo de recurso que, recordemos, le resultó redituable cuando se produjo la batalla por la reforma judicial que llevó al país hasta el borde del planteamiento de la cuestión de confianza y el eventual cierre del Congreso.

Un escenario, dicho sea de paso, que parecería estar agitándose esta vez también como un fantasma. Eso, por lo menos, es lo que sugiere la circunstancia de que el mandatario remarcase ayer que la reforma que el Parlamento no está procesando de manera satisfactoria para el Ejecutivo es “una política del Gobierno” (lo que, constitucionalmente, lo habilitaría para presentar la mencionada cuestión de confianza).

Por su parte, el Parlamento ha respondido presentando un proyecto de ley en la misma tarde de ayer para regular el uso de la cuestión de confianza e imposibilitar cualquier intento de Vizcarra para reelegirse en el 2021.

Es, después de todo, una pérdida para el país que nuestras autoridades, a pesar de los antecedentes recientes, no hayan aprendido aún que vivir en democracia entraña también algunos desafíos complejos que no pueden simplemente atropellarse pateando el tablero o ‘pechando’ al otro. Para vivir en democracia, en fin, también hace falta educarse.

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